REALIDAD CARCELARIA

La realidad sigue siendo dramática:

• Hay 115.792 personas privadas de libertad (cifras oficiales con corte al 28 de febrero de 2018).

• Las tasas de hacinamiento superan el 365 por ciento en algunos centros de detención.

• La calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud es deficiente.

• Falta espacio de esparcimiento y resocialización.

• La infraestructura es obsoleta por falta de mantenimiento.

Estos datos ya no sorprenden a casi nadie en Colombia, pero casi nadie sabe o piensa cómo se ha llegado a esta situación ni cómo es posible que la crisis se agrave cada año a pesar de las medidas que sin duda se han tomado.

En 25 años, las tasas de hacinamiento pasaron del 1,7 al 45 por ciento, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de febrero de este año.

Estas cifras confirman que el sistema penitenciario y carcelario colombiano requiere urgentemente de una reforma para que los derechos de los reclusos sean respetados.

Además de la infraestructura deficiente, el número de funcionarios disponibles para trabajar en planteles penitenciarios es bastante bajo (15.795 personas) en relación con el número de presos. Estos números dejan clara la dificultar para garantizar una adecuada gestión penitenciaria y un trato digno a las personas detenidas.

Las necesidades constantes, y no siempre satisfechas, de formación profesional y técnica, así como la ausencia de personal especializado contribuyen a agravar la ya de por sí preocupante realidad que enfrentamos. Estos factores pueden llegar a poner en riesgo la garantía de los los derechos fundamentales de los reclusos, haciendo casi imposible que se pueda cumplir con la finalidad del sistema.